El huachicol fiscal: la herencia operativa tras la reforma energética de 2013

La apertura del mercado energético mexicano, consolidada a partir de las reformas de 2013, permitió la entrada de múltiples actores privados en la cadena de suministro de combustibles. Esta diversificación, si bien buscaba la competitividad, generó vacíos regulatorios que facilitaron el surgimiento del denominado huachicol fiscal, un esquema de evasión de impuestos mediante la importación de hidrocarburos declarados falsamente como aditivos o aceites lubricantes para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT detectaron una sofisticada red de empresas fachada que operaban bajo este esquema. Al disfrazar la naturaleza química de los cargamentos en las aduanas, los infractores lograban introducir gasolina y diésel al país sin cubrir las obligaciones fiscales correspondientes, lo cual representó una merma significativa para los ingresos públicos y una competencia desleal para los comercializadores que operaban dentro del marco legal.

El modus operandi se apoyaba en la fragmentación de la supervisión que siguió a la desarticulación del control total de PEMEX sobre la importación y distribución. Los registros de inteligencia federal sugieren que los grupos delictivos aprovecharon la capacidad de almacenamiento privado y la falta de protocolos estrictos de verificación física en los puntos de entrada para introducir volúmenes masivos de combustible, mismos que posteriormente eran mezclados y vendidos en estaciones de servicio en diversas regiones del país.

Desde el gobierno federal se ha señalado que las reglas de mercado implementadas hace más de una década carecieron de los mecanismos de fiscalización necesarios para prevenir estas prácticas. En los últimos meses, las dependencias de seguridad y las autoridades hacendarias han reforzado las inspecciones en puertos y aduanas, buscando cerrar las brechas que permiten la entrada de mercancías declaradas incorrectamente, una estrategia que busca recuperar la rectoría del Estado en el mercado energético nacional.

El impacto de este fenómeno no solo se limita a la recaudación fiscal, sino que también afecta la integridad del mercado de combustibles al incentivar la informalidad. Mientras las investigaciones de la Fiscalía General de la República continúan para desmantelar las redes financieras detrás de estas operaciones, el debate sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia en el sector energético permanece en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.