Persiste el matrimonio infantil en México pese a prohibición legal vigente
En el Día Internacional de la Niña, UNICEF advierte que más de 146,000 menores en México enfrentan uniones tempranas a pesar de las leyes nacionales.
Este domingo 11 de octubre de 2026, en el marco del Día Internacional de la Niña, organismos internacionales y defensores de derechos humanos han reiterado su preocupación por la prevalencia del matrimonio infantil en México. Pese a que el marco jurídico nacional prohíbe explícitamente estas prácticas desde hace años, datos recientes indican que más de 146,000 niñas y adolescentes en el país viven actualmente en uniones conyugales, lo que limita su desarrollo educativo y personal.
La problemática persiste principalmente en zonas rurales y comunidades con altos índices de marginación, donde las prácticas culturales suelen sobreponerse a las disposiciones legales del Poder Judicial y las leyes estatales. Expertos señalan que esta situación se ve agravada por la falta de mecanismos efectivos de vigilancia y la normalización de estas uniones en diversos contextos regionales, lo que impide que las niñas alcancen su máximo potencial escolar y profesional.
Ante este panorama, diversas organizaciones han hecho un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para reforzar las políticas públicas y los programas de bienestar destinados a la protección de menores. Se busca que la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de salud intensifiquen sus protocolos de detección temprana para identificar casos de riesgo y garantizar que las niñas permanezcan dentro del sistema escolar, alejadas de entornos que vulneren sus derechos fundamentales.
Si bien el Congreso de la Unión ha establecido reformas para endurecer las penas contra quienes faciliten estos enlaces, la implementación efectiva sigue siendo un desafío pendiente. El llamado de la sociedad civil subraya que la erradicación del matrimonio infantil requiere una coordinación interinstitucional más estrecha, involucrando a las autoridades municipales, las fiscalías estatales y el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes para asegurar un entorno libre de violencia y coerción.
