SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves que los juzgadores tienen la obligación constitucional de aplicar la perspectiva de género y el análisis de interseccionalidad en todos los casos relacionados con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. La sentencia establece que esta metodología no es opcional, sino un mandato esencial para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en procesos judiciales donde la labor de defensa de las víctimas pudo ser el motivo del delito.

La resolución destaca que, al abordar estos casos, las autoridades deben considerar las condiciones de vulnerabilidad específicas que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su activismo, así como las barreras estructurales que históricamente han dificultado la obtención de justicia. El máximo tribunal subrayó que la omisión de este enfoque constituye una violación a los derechos humanos y perpetúa la impunidad, exigiendo que las fiscalías y juzgados federales y estatales realicen investigaciones exhaustivas, independientes y con una visión amplia del contexto social de las víctimas.

Este pronunciamiento surge tras la revisión de diversos expedientes donde se cuestionaba la falta de rigor en la valoración de las condiciones de riesgo que rodean a las mujeres defensoras en distintas regiones del país. Con esta determinación, la SCJN busca estandarizar los criterios judiciales para que el estatus de defensora sea un elemento central en la construcción de las líneas de investigación, evitando que las causas se traten como hechos aislados.

Especialistas en derecho constitucional señalan que este precedente obliga a las fiscalías a reformar sus protocolos internos de actuación. La integración del enfoque interseccional permitirá identificar no solo las responsabilidades directas, sino también las redes de violencia que afectan a quienes protegen el territorio, los derechos ambientales o los derechos de las mujeres en comunidades locales.

Finalmente, la Corte instó a las autoridades judiciales a mantener una supervisión constante sobre el cumplimiento de estas directrices. El objetivo es asegurar que la perspectiva de género se traduzca en resoluciones que atiendan la complejidad de los casos y contribuyan a la erradicación de la violencia sistémica contra quienes ejercen labores de defensa en el territorio nacional.