Mineros en Sinaloa exigen seguridad tras desapariciones y asesinatos recientes
Representantes del sector minero solicitan a la administración de Claudia Sheinbaum garantías urgentes ante la creciente violencia en las zonas extractivas de Sinaloa.
Representantes de la industria minera en México solicitaron formalmente esta semana al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un incremento sustancial en las medidas de seguridad para los trabajadores de las minas en Sinaloa. La petición surge ante la serie de desapariciones y asesinatos registrados en los últimos meses, hechos que han generado una profunda crisis de seguridad en las comunidades mineras del estado y que, según el sector, no deben quedar reducidos a simples estadísticas criminales.
El sector empresarial ha señalado que la operación en diversas zonas de Sinaloa se ha vuelto insostenible debido a la presencia de grupos que vulneran la integridad de los trabajadores y el transporte de materiales. La solicitud enviada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enfatiza la necesidad de establecer protocolos de vigilancia permanentes y una coordinación más estrecha con la Guardia Nacional y las autoridades estatales, buscando frenar la impunidad que rodea a estos eventos violentos.
Por su parte, el gremio minero ha propuesto la creación de mesas de trabajo conjuntas entre la Secretaría de Economía y la SSPC, con el objetivo de diseñar rutas seguras y estrategias de inteligencia que permitan proteger la infraestructura y a las familias de los operarios. La industria recalca que, más allá del impacto económico, la prioridad absoluta es la salvaguarda de las vidas humanas y el cese de los ataques contra quienes laboran en la extracción de minerales.
Hasta el momento, las autoridades federales han mantenido canales de comunicación abiertos con los afectados para evaluar la situación en las regiones más críticas. Aunque no se han dado a conocer detalles operativos, el equipo de comunicación de la administración federal ha indicado que se revisarán las estrategias actuales en el marco de la política de seguridad vigente, con el propósito de restaurar la paz en las zonas donde la actividad minera es el principal motor de desarrollo regional.
