México proyecta construir la desaladora más grande de Latinoamérica en el norte
Ante la creciente escasez hídrica, el gobierno federal planea una planta desalinizadora de gran escala para abastecer a las ciudades fronterizas.
Para mitigar la crisis hídrica que afecta a las ciudades del norte del país, el Gobierno de México ha presentado una propuesta para construir la planta desalinizadora más grande de Latinoamérica. El proyecto busca transformar agua de mar en recurso potable para atender la demanda de los centros urbanos que han experimentado un crecimiento poblacional acelerado en los últimos años, garantizando así la seguridad hídrica de miles de familias en la franja fronteriza.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las autoridades estatales, ha comenzado los estudios de factibilidad para determinar la ubicación exacta de la infraestructura. Esta obra requeriría una inversión significativa, cuya gestión financiera está siendo analizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asegurar que el presupuesto federal permita el desarrollo de tecnología avanzada de ósmosis inversa, necesaria para el procesamiento masivo de agua marina.
Representantes del gobierno federal han señalado que la planta no solo beneficiaría al consumo doméstico, sino que también permitiría reducir la presión sobre los acuíferos locales que se encuentran sobreexplotados. La propuesta contempla la implementación de procesos que minimicen el impacto ambiental en las zonas costeras, un aspecto que ha sido prioritario en las mesas de diálogo con especialistas y organizaciones civiles de la región.
Aunque el proyecto se encuentra en una etapa de planeación, el plan contempla que la construcción sea un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado. Las autoridades han destacado que este tipo de infraestructura es fundamental para el desarrollo económico del norte del país, donde la falta de agua ha sido un freno recurrente para las actividades industriales y el bienestar de los habitantes.
El Congreso de la Unión deberá revisar los presupuestos asignados para este tipo de obras en los próximos ejercicios fiscales. Mientras tanto, las autoridades locales trabajan en los permisos ambientales y técnicos requeridos, buscando que la obra sea un referente regional en el manejo sostenible del agua, alineándose con los objetivos nacionales de gestión de recursos naturales para el resto de la década.
