Fiscalía de Estados Unidos acusa a operador de Los Chapitos de narcotráfico
Iván Valerio, presunto suministrador de Los Chapitos, enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de fentanilo y posesión de armas tras su captura en Sinaloa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos contra Iván Valerio, señalado como un suministrador clave para la facción de Los Chapitos, por su presunta responsabilidad en el tráfico transnacional de fentanilo y el uso de armas de fuego de alto calibre. La acusación detalla una red de distribución que operaba desde territorio mexicano hacia el mercado estadounidense, consolidando una investigación que ha seguido de cerca las actividades de este grupo delictivo en la región del Pacífico.
La detención de Valerio ocurrió el pasado 19 de enero en Sinaloa, durante un operativo conjunto realizado por fuerzas federales. En aquella acción, las autoridades lograron el aseguramiento de otros socios vinculados a la misma estructura criminal, quienes también enfrentan procesos judiciales por diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada y el trasiego de sustancias prohibidas.
El despliegue operativo en Sinaloa fue resultado de labores de inteligencia coordinadas entre instancias de seguridad mexicanas y agencias estadounidenses. Según reportes oficiales, el detenido desempeñaba funciones logísticas esenciales para la cadena de suministro de precursores químicos y productos finales, los cuales eran enviados hacia el norte del continente bajo esquemas de alta clandestinidad.
Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de su proceso legal en México. Mientras tanto, la Fiscalía estadounidense mantiene abierta la carpeta de investigación con el objetivo de profundizar en la red de contactos y las rutas utilizadas para la movilización de los cargamentos ilícitos que motivaron las acusaciones actuales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reiterado su compromiso de colaborar en el intercambio de información con autoridades internacionales para desarticular las células que sostienen el tráfico de sustancias ilícitas. Este caso subraya la presión constante que ejercen los organismos judiciales sobre los operadores logísticos de organizaciones criminales que operan en diversas entidades del país.


