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FGR no localiza a Rafael Ojeda tras citatorio por huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República enfrenta dificultades para notificar al titular de la SEMAR, Rafael Ojeda, en el marco de una investigación sobre presunto huachicol fiscal.

Redacción Mar de Fondo
Foto: sdpnoticias.com

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un proceso de investigación abierto relacionado con presuntos actos de huachicol fiscal, situación que ha derivado en la emisión de un citatorio formal para el titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), Rafael Ojeda. Sin embargo, las autoridades ministeriales han reportado dificultades para localizar al funcionario y concretar la diligencia, lo que ha generado un estancamiento en el avance de las pesquisas judiciales durante los últimos días.

Por su parte, la defensa legal de Farías Laguna, quien figura como parte involucrada en este expediente, ha manifestado su inconformidad ante la ausencia del secretario en las diligencias programadas. Los representantes legales han señalado que la falta de comparecencia, sumada a la ausencia de una audiencia pública, impide el debido proceso y limita la capacidad de la defensa para contrastar los elementos presentados por la fiscalía frente a las acusaciones de evasión y contrabando de hidrocarburos.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el Ministerio Público Federal continúa realizando las gestiones necesarias para asegurar la presencia del funcionario, subrayando que la orden de citación se encuentra vigente bajo los marcos legales establecidos por el Poder Judicial. La FGR busca esclarecer posibles irregularidades administrativas y operativas que habrían facilitado el trasiego ilegal de combustibles bajo esquemas de evasión fiscal en instalaciones estratégicas.

El entorno jurídico y político mantiene expectativa sobre los siguientes pasos que dará el órgano investigador para destrabar este procedimiento. Mientras tanto, la defensa de los acusados ha insistido en que el proceso debe conducirse con mayor transparencia, solicitando que las futuras etapas de la investigación se desarrollen mediante audiencias públicas que permitan garantizar el derecho de audiencia y la transparencia en la impartición de justicia en México.

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